Crónica negra del Viejo Pamplona: crímenes y ejecuciones al filo de siglo XX (1896-1925)
En la serie «Crónica negra del Viejo Pamplona» he narrado crímenes que acabaron con sus responsables en el garrote vil, me refiero al crimen de Beruete (1924) y al crimen de Miranda de Arga (1955), que fue la última causa en la que se ejecutó a un reo en nuestra ciudad. En esta entrada voy a hablar sucintamente de algunos otros crímenes y ejecuciones que tuvieron lugar en nuestra comunidad entre finales del siglo XIX y los primeros años del siglo XX y que fueron juzgados mayoritariamente en Pamplona. Entre 1870 y 1951 hubo nada menos que 33 recursos de casación sobre otras tantas sentencias de penas de muerte impuestas en Navarra, bien por haber cometido robo con homicidio o por haber perpetrado asesinatos dolosos, lo cual no quiere decir que todas esas sentencias de muerte se concretasen finalmente. De hecho y paradójicamente hubo muchos crímenes cometidos en las calles de nuestra ciudad entre finales del XIX y principios del XX que tras el correspondiente juicio no fueron castigados con la pena capital sino que se saldaron con diferentes penas de cárcel y de los que hablaré con más detalle en una segunda entrada. Comenzaré la entrada a finales del XIX. A finales de este siglo adquirió una gran notoriedad el doble asesinato perpetrado por Toribio Eguía y que sería ejecutado, por garrote vil, el 15 de octubre de 1885 en la Vuelta del Castillo, junto al Portal de la Taconera. Como bien recuerda Patxi Mendiburu en su blog «Desolvidar», el 22 de noviembre de 1884, Toribio Eguía mató al cura de Atondo, Manuel Martiarena y a su ama de llaves, Martina Babace, de varias puñaladas, robandoles 690 pesetas en monedas de oro y plata, tras lo cual se fue a pasar la noche, durmiendo a pierna suelta, en la Fonda La Perla de la plaza del Castillo, donde sería detenido a la mañana siguiente. El crimen tuvo una gran repercusión por aquel entonces, incluso años después se recordaba el crimen y, como en otros sangrientos hechos, pronto saldrían las correspondientes coplillas o romances de ciego para inmortalizar el truculento suceso. Si saco a colación este crimen y ejecución es porque fue, probablemente, una de las últimas ejecuciones públicas multitudinarias y al aire libre que se celebró en Pamplona, que no la última ya que en octubre de 1890 sería ajusticiado Domingo Ortega también cerca del Portal de la Taconera. A partir de ese momento las ejecuciones se celebrarían dentro de los muros de la cárcel.
Como he dicho, hasta entonces las ejecuciones eran públicas y se celebraban en lugares como la plaza del Ayuntamiento (llamada también plaza de la fruta) y más tarde en las inmediaciones de la Taconera y de la Vuelta del Castillo. Parece ser que fue el rey Fernando VII quien implantó como forma definitiva de ejecución en España la del garrote vil, en 1832, dejando el fusilamiento para la jurisdicción militar, y aboliendo la pena de muerte por horca. Aunque no siempre funcionaba el garrote vil adecuadamente. Lo vimos en el caso de los hermanos Celaya, en lo que conocimos como «el crimen de Miranda de Arga» pero aun peor debió ser el caso de Juan Baquedano, «Juanillo», sometido a consejo de guerra y sentenciado el 30 de agosto de 1822 a morir en el garrote por conspiración contra el orden constitucional. Después de media hora de innecesario sufrimiento y de múltiples intentos por atornillar la nuca del sujeto, el verdugo desistió de su tarea y fue finalmente tiroteado. Algunos años antes, en 1818 se había producido una ejemplarizante ejecución de unos bandidos, conocidos como los bandidos de Lanz, cuyas cabezas y cuartos fueron expuestas en algunos caminos para que sirviese de escarmiento a otros salteadores de caminos. Este tipo de castigos añadidos a la muerte como amputaciones o desmembramientos fue, no obstante, más frecuente en siglos anteriores. Durante el siglo XIX hubo en España más de un centenar de reos condenados a muerte, con una media de casi 14 casos por año, bajando en el período 1870-1961 a 5,6 por año. Solían acompañar a los condenados a muerte, camino del patíbulo, los hermanos de la Caridad y también los de la Vera Cruz, esta última con varios siglos de existencia.
El 16 de abril de 1896 se producía el crimen de Sartaguda, por la que el rico propietario Juan Garralda era asesinado por Joaquín García, alias Cascarilla que fue condenado a muerte el 8 de diciembre de 1897 en Estella. El 13 de enero de 1897 fue ejecutado en Tafalla, en el garrote Luis Medrano Solabre, alias Chorchi por haber asesinado el 15 de junio de 1895 en una casa de Murillo El Fruto a dos mujeres, María Ausejo e Hilaria Goñi. El motivo, una deuda que presuntamente tenía con él, el dueño de la casa donde fueron asesinadas las dos mujeres.
Entre 1900 y 1923 se fallaron en la Audiencia de Pamplona 6 sentencias de muerte que, tras el oportuno recurso de casación, fueron en su mayor parte, salvo en uno de los casos, ratificadas y ejecutadas. Entre ellas se encontraba, y por orden cronológico, las penas de muerte contra Felipe Ruba, alias Pepín, que muy cerca de Lodosa, el 6 de diciembre de 1902, asesinó por la espalda a Nicasio Zamora, tras golpearle en la cabeza, robandole posteriormente 3.500 peseta y un reloj; la de Germán Maximino Barandalla Esparza, cuya sentencia fue revisada por el Supremo en 1907 que apuñaló en la pierna al entonces alcalde de Echarri-Aranaz, Juan Garciandía, e intentó herir igualmente al sereno del pueblo Juan Ijurra Lacunza, provocando la muerte del primero en la calle tras un rápido desangramiento al seccionarle la femoral.
El 12 de junio de 1909 se ejecutaba al reo Bonifacio García Martínez que había sido condenado por la Audiencia de Pamplona a dos penas de muerte por robo y doble homicidio y cuyo recurso de casación se había desestimado en agosto de 1908. Esta fue, además, la primera pena de muerte que se ejecutaba en la nueva Prisión Provincial de Pamplona, inaugurada en otoño de 1908. Bonifacio había asesinado en la noche del 17 al 18 de noviembre de 1907, en su domicilio del pueblo de Oteiza, y con especial ensañamiento al matrimonio formado por Santiago Arandigoyen y Petra Igúzquiza a los que pretendía robar. En 1913 era indultado de la pena de muerte Rafael Cancio Expósito, de 22 años, recadero y natural de Pamplona, condenado a muerte un año antes por acuchillar, con resultado de muerte a Carmen Calvo. En 1913 Lorenzo Bun Expósito (conocido como Lorenzo Perurena Errocharena, dice la sentencia) mataba con un hacha a Juan Bautista Lacunza en el caserio Estebanea de Leiza para robarle 100 pesetas. La sentencia del Tribunal Supremo de 4 de marzo de 1914 ratificaba la pena de muerte impuesta por la Audiencia Provincial.
Me detendré en un caso especialmente truculento pues el crimen tardó en ser castigado no menos de 15 años. El 21 de febrero de 1908 un desconocido disparaba a bocajarro a Ricarda Oses y García de Acilu en el monte Gallambiso, cerca de Galbarra, valle de Lana. En 1909 era detenido en Francia y extraditado a España el presunto autor de los disparos que ingresó en prisión. El caso se reabriría en 1923 al fallecer el supuesto asesino de Ricarda quien confesó la verdad antes de morir. El asesinato lo había organizado el marido Pablo Mendaza y Gómez de Segura quien le había pagado casi 600 pesetas por cometer el crimen, 98 pesetas antes del asesinato y 500 después. Para más inri, el día de autos, cuando la esposa malherida por el disparo corría hacia su marido para pedirle ayuda éste le golpeó con una piedra y con la culata de su escopeta dejándola morir. El marido se casaba un año más tarde con una joven de 19 años. Pablo había pagado, además, 1000 pesetas al autor de los disparos para que declarase que él era el único culpable. El recurso de casación por la pena de muerte fue rechazado por el Tribunal Supremo en Noviembre de 1923.
Dentro de este período ya me he referido, en otra entrada del blog al mencionado «crimen de Beruete» acaecido el 10 de septiembre de 1924 por el que fue robado y asesinado a hachazos en el monte de Santa Engracia, próximo a Huici, el leñador Martín Aizcorbe. Los asesinos fueron los hermanos Bernardo, Juan Martín y José Goñi que serían ejecutados el 1 de febrero de 1925 en la prisión de Pamplona. También en 1924 sería utilizado el garrote vil, si bien, no para una causa común sino para una causa seguida por la jurisdicción militar, y que tuvo un juicio breve y sumarísimo. Se juzgaron los sucesos revolucionarios de Vera de Bidasoa que se produjeron el 7 de noviembre y en los que murieron dos guardias civiles y cuatro sindicalistas. El 6 de diciembre ajusticiaban con el garrote a dos de los tres reos encausados en dichos sucesos, Enrique Gil Galar y Julián Santillán, ya que el tercero, Pablo Martín Sánchez, se suicidó, tirándose desde una galería de la prisión antes de ser llevado al patíbulo. La pena capital por asesinato fue abolida en el código penal en 1932, otra cosa era la jurisdicción militar, restablecida en 1934 y definitivamente con el triunfo de Franco, desde 1938 a 1978. Las últimas ejecuciones con el garrote vil se produjeron el 2 de marzo de 1974 en las personas del anarquista Salvador Puig Antich y del alemán Georg Michael Welzel.
Fotos por orden de aparición: Nº1: Grabado de Goya. Desastres de la Guerra Nº 36, Nº 2: «Exécution d’un assassin a Barcelone» (ejecución de un asesino en Barcelona), de Gustave Doré, publicado en L’Espagne, 1874. , Nº 3: Audiencia Provincial de Pamplona, sin datar, probablemente a principios del siglo XX , Nº 4: Archivo del Patrimonio Inmaterial de Navarra www.navarchivo.com, Nº 5: Iglesia y pueblo de Beruete. Xavier Cañas. CC BY-SA 4.0. , Nº 6: Juicio a los encausados por lo sucesos revolucionarios de Vera de Bidasoa (1924). Mundo Gráfico. Biblioteca Nacional de España. Nº 7: Prisión provincial de Pamplona recién inaugurada. 1908. Aquilino García Dean. AMP.